El sistema internacional de fiscalización de drogas

24 p.La arquitectura institucional con la cual se gobierna hoy la fiscalización internacional de drogas en marco del Sistema de las Naciones Unidas, se desarrolló formalmente a partir de la creación de la ONU al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Muchos órganos fueron calcados de mecanismos de control del tráfico de drogas peligrosas establecidos en el contexto de la Liga de las Naciones, en el período entre las dos Guerras Mundiales. Es el caso, por ejemplo, del Comité Asesor sobre el Tráfico del Opio y otras Drogas Peligrosas, creado en 1920, precursor de la Comisión de Estupefacientes que actualmente funciona en el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El Comité de Salud de la Liga, entre cuyas funciones estaba la de recomendar las plantas y derivados que deberían ser objeto de fiscalización internacional, es por su parte el antecesor inmediato de la Organización Mundial de la Salud.Antecedentes El Consejo Económico y Social y la Comisión de Estupefacientes La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes -JIFE- La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito -ONUDD- Tensión y parálisis del sistema La Sesión Especial de la Asamblea General de 1998 2008: el balance 10 años después Las líneas de fractura ¿Guerra contra las drogas o reducción del daño

El sistema internacional de fiscalización de drogas: un estado de cosas para cambiar

El modelo de la política de “guerra contra las drogas” plantea el dilema de establecer si los daños asociados con sus estrategias represivas contribuyen a reducir el daño causado por las drogas o si, por el contrario, se suman para agravarlos. Una política equilibrada implica hallar un balance entre la protección de la salud pública frente a los daños representados por la toxicomanía y, por otra parte, el control de los perjuicios sociales relacionados con medidas represivas extremas. El objetivo debe ser el establecimiento de un sistema que efectivamente contribuya a proteger integralmente el bienestar de la persona y la sociedad a través de controles apropiados sobre sustancias potencialmente dañinas, y simultáneamente fijar límites claros para garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran en roles que deben ser controlados, como es el caso de consumidores, cultivadores y quienes dependen para su subsistencia del expendio de estas drogas.The model policy of “war on drugs” raises the question of establishing whether the harms associated with repressive strategies help to reduce the harm caused by drugs or if, conversely, are added together to aggravate. A balanced policy involves finding a balance between protecting public health from damage represented by drug and, moreover, control of the social damage associated with extreme repressive measures. The aim should be to establish a system that actually contribute to fully protect the welfare of the individual and society through appropriate controls on potentially harmful substances, and simultaneously set clear boundaries to ensure human rights of those in roles that must be controlled, such as consumers, growers and those who depend for their livelihood of dispensing of these drugs

La reforma de la “dosis de uso personal” en Colombia

12 p.Para cuando Colombia ratificó, mediante la Ley 67 de 1993, la última de las tres convenciones referidas, todas las obligaciones contempladas dentro del sistema internacional de fiscalización de drogas habían sido previamente incorporadas a la legislación colombiana. Por medio de la Ley 30 de 1986, que establece el Estatuto Nacional de Estupefacientes, se sanciona como delito grave el cultivo, conservación y financiación de plantaciones de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia; así como el transporte, almacenamiento, conservación, elaboración, oferta, venta, adquisición, financiación o suministro a cualquier droga que produzca dependencia. También sanciona el destino ilícito de bienes muebles e inmuebles para la elaboración, almacenamiento, transporte, venta o uso de estas drogas así como la posesión ilegal de elementos que sirvan para su procesamiento, entre ellos, éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que se utilicen con el mismo fin.Antecedentes Evolución de la “dosis de uso personal” en Colombia La reforma del artículo 49 de la Constitución Política La “guerra contra las drogas”: ¿el camino hacia una “sociedad libre de drogas”

Las drogas: políticas nacionales e internacionales de control. Una introducción crítica

102 p.El control de drogas es un tema que durante décadas ha alimentado la violencia política en Colombia y contribuido a entronizar en nuestra cultura los anti-valores que soportan la industria del tráfico internacional de drogas ilícitas. Entre ellos, la generalización del afán de enriquecimiento fácil y rápido, uno de los patrones más dañinos que han dejado los contrabandistas y narcotraficantes y que se celebran en las dramatizaciones televisadas que hoy representan uno de los productos bandera de exportación de nuestra industria cultural. La corrupción generalizada es otra de las consecuencias más infortunadas que deja la cultura del narcotráfico. Cerca de cinco millones de hectáreas de nuestras tierras más productivas, adquiridas con dineros producto del tráfico internacional de estupefacientes, han pasado a manos de narcotraficantes durante las últimas décadas con la complicidad de abogados, notarios, registradores de instrumentos públicos, banqueros, autoridades civiles, de policía, militares y representantes políticos. Si bien, por medio de leyes para la extinción de dominio a favor del Estado de bienes derivados de actividades ilegales, el país hace esfuerzos importantes para recuperar estas tierras mal habidas por testaferros que encubren tanto a narcotraficantes como a cabecillas de grupos armados ilegales; tristemente, de un total de dos millones de hectáreas incautadas dentro de procesos penales de esta naturaleza, aproximadamente un millón y medio de hectáreas han sido devueltas.Introducción Capítulo 1. El sistema internacional de fiscalización de drogas Capítulo 2. La reforma de la “dosis de uso personal” en Colombia Capítulo 3. La experiencia internacional en el control del consumo de sustancias psicoactivas Capítulo 4. Perspectivas nacionales e internacionales de la política de control de drogas en el futuro Conclusiones Bibliografía Nota

Optimización del accionar de la Policía Nacional del Perú en las actividades de erradicación de plantaciones ilícitas de coca y criminalización por delito de tráfico ilícito de drogas en el valle del Alto Huallaga – Año 2020-2021

El tráfico ilícito de drogas es una actividad económica ilegal que ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas, hoy este fenómeno involucra sistemas complejos, y sofisticadas redes sustituyen a las antiguas organizaciones de estructura piramidal y liderazgos visibles. Los eslabones iniciales de la cadena reunidos en actividades de cultivo, acopio, tráfico ilícito de insumos químicos muestran una gran heterogeneidad, con escenarios donde operan organizaciones de diverso tipo y tamaño concentrando el acopio y procesamiento de materias primas. Existen, asimismo, redes clandestinas de tráfico de insumos químicos, cuyo funcionamiento es complementario con el de organizaciones de tamaño intermedio que pugnan por ejercer control de rutas aéreas y marítimas. En consecuencia, desde la puesta en vigor del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, la respuesta de los Estados y la comunidad internacional ha crecido en complejidad. Hoy son numerosos los convenios bilaterales y multilaterales dirigidos al combate del problema de las drogas ilícitas en sus diferentes dimensiones. En sintonía con estas importantes transformaciones globales, el Perú muestra notables progresos en su lucha contra el tráfico ilícito de drogas siendo una de ellas la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas que, de modo comprensivo, logra armonizar el control de cultivos ilícitos a través del programa presupuestal 031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, con el desarrollo alternativo de las poblaciones vulnerables. El presente trabajo propone fortalecer la intervención de la DIRANDRO, a través de la creación de una División de Operaciones Especiales para la Erradicación de Plantaciones Ilícitas de Hoja de Coca y Criminalización por delito de Tráfico Ilícito de Drogas

La política antidrogas: nuevos horizontes de cambio en el control de la oferta y la demanda

96 p.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994) una sustancia o droga psicoactiva es aquella que, al ingerirse, afecta procesos mentales, como la cognición o la memoria. El término es asemejado generalmente con el de psicotrópico y ambas expresiones refieren al grupo de sustancias, legales e ilegales, de interés para la política en materia de drogas. En general, la literatura refiere con el término psicotrópico, a medicamentos utilizados principalmente en el tratamiento de los trastornos mentales, como los ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, anti maníacos y neurolépticos. Bajo la categoría de sustancias psicotrópicas se encuentran los estupefacientes, acepción utilizada para referirse a sustancias cuya acción sedante, analgésica, narcótica y euforizante puede conducir al acostumbramiento y a la toxicomanía, por lo cual tienen un elevado potencial de abuso y / o dependencia psíquica/física. Entre ellos, se cuentan los estimulantes -cocaína, cafeína, nicotina-, los alucinógenos -Peyote y Psilocybes, los opiáceos -morfina, heroína-, y los sedantes/hipnóticos -alcohol- (OMS, 1994).Prólogo Introducción Capítulo 1. El panorama global: evolución reciente del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas Capítulo 2. La junta internacional de fiscalización de estupefacientes y la eficacia de la política antidrogas: el caso colombiano Capítulo 3. Hacia nuevos horizontes del análisis de política antidrogas Conclusiones Bibliografí

La junta internacional de fiscalización de estupefacientes y la eficacia de la política antidrogas: el caso colombiano

19 p.En 1961, con el fin de establecer mecanismos de control en la lucha contra las drogas, se unificaron nueve convenios internacionales -vigentes en ese momento- para la fiscalización de la fabricación, porte, consumo y tráfico de estupefacientes. El resultado fue la Convención Única sobre Estupefacientes de ese año, de la cual se derivó, en 1968, el establecimiento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en adelante JIFE. Posteriormente, la convención única fue enmendada por el Protocolo del 25 de marzo de 1972, celebrado en Ginebra, y, finalmente, el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. La convención de 1961 estableció tres listas que definen y clasifican las sustancias controladas que los Estados Miembros deben observar para hacer efectivas las disposiciones formuladas y, cuya fiscalización, es responsabilidad de la Comisión de Estupefacientes a través de la JIFE.Política antidrogas en Colombia: la flexibilización como alternativa La economía de la lucha contra las drogas Perspectivas futura

The Impact of International Drug Policy on Access to Controlled Medicines: Spanish

As member states of the United Nations take stock of the drug control system, a number of debates have emerged among governments about how to balance international drug laws with human rights, public health, alternatives to incarceration, and experimentation with regulation. This series intends to provide a primer on why governments must not turn a blind eye to pressing human rights and public health impacts of current drug policies.Every year, tens of millions of people suffer disease and pain because they lack access to controlled medicines—that is, medicines of which the distribution and use is regulated under the international drug conventions or national drug-control law. The availability of controlled medicines is limited by the persistence of myths, restrictive regulations, insufficient investment in the training of health professionals—resulting in weak understanding of pain relief and drug dependence—and related failure of supply and distribution systems.Governments and civil society should use the UN General Assembly Special Session on Drugs in April 2016 to highlight the negative impact of overregulation, and misunderstanding of drug dependence on access to controlled medicines, and should seek commitment to concrete action to address imbalance in the system. This report outlines the significant impact the international drug conventions have on access to controlled medicines, and sets out some recommendations for a meaningful debate at the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) and beyond

Hacia nuevos horizontes del análisis de política antidrogas

34 p.En el mundo contemporáneo hablar de tráfico y consumo de drogas ilícitas refiere por íntima asociación a un mismo fenómeno. Los escenarios en los que se enfrentan consumidores, traficantes, productores y autoridades públicas encargadas de su represión, se atraviesan, interceptan y correlacionan. Un adicto, por ejemplo, no tiene por búsqueda lucrarse del negocio del tráfico de droga, mientras que el expendedor sí. Al traficante le importa poco la salubridad pública, mientras que para el Estado la salubridad es un bien jurídico protegido, lo cual impulsa sus acciones en contra de la producción y consumo de estupefacientes. De esta manera el Estado justifica, por ejemplo, la necesidad de erradicar los cultivos ilícitos como forma de garantizar la salubridad pública como un derecho colectivo.Hacia una nueva trayectoria en la lucha antidrogas El consumo La oferta Las políticas públicas antidrogas en Colombia Escenarios de cambio en la política antidrogas en Colombia Multilateralismo internacional o sociedad civil global: ¿llegará el cambio del régimen prohibicionista por alguna de estas vías

Programas para la reducción de riesgos y daños derivados de las drogodependencias. Aspectos jurídicos

[ES] En la década de los ochenta se produce una expansión del fenómeno del consumo de drogas. Frente a ello, la Comunidad Internacional, parte implicada en la denominada “lucha contra las drogas”, ha firmado una serie de convenios internacionales para superar este problema. Al margen de la penalización, se han buscado alternativas tales como los programas de reducción de riesgos y daños. Estos programas pueden desarrollarse a través de numerosas estrategias, sin embargo pueden presentar dificultades derivadas de su adecuación a la legalidad vigente, o enfrentarse a diversos problemas y equívocos en cuanto a su aplicación práctica.[EU] Larogei garren hamarkadan drogen kontsumoen hedapen bat ematen da. Drogen aurkako borrokan parte den nazioarteko komunitateak, drogen aurka hainbat hitzarmen sinatu ditu. Zigorrak alde batetara utziz, haien ordez beste bide batzuk aurkitzen saiatu dira, adibidez, min eta arriskuak gutxitzen dituzten programak. Hainbat estrategiei esker garatu daitezke programa hauek, baina zailtasunak, gaur egungo legeriarekin moldatzerakoan etor daitezke, edo eta aplikazio praktikoak ematen dituen zailtasun eta okerrak.[FR] Dans les années quatre-vingts se produit une expansion du phénomène de la consommation de drogues. Face à cela, la Communauté Internationale, partie impliquée dans la “lutte contre les drogues”, a signé une suite de conventions internationales pour résoudre ce problème. En marge de la pénalisation, on a cherché des alternatives comme les programmes de réduction des risques et des dommages. Ces programmes peuvent être développés à travers de nombreuses stratégies, peuvent toutefois présenter des difficultés dérivées de leur adéquation à la légalité en vigueur, ou faire face à divers problèmes et équivoques quant à leur application pratique.[EN] The phenomenon of drugs use spreads in the Eighties. In front of it, the International Community, involved in the fight against drugs, has signed some international treaties to face this problem. Apart from the punishment, harm reduction programs were started. These programs can be developed through numerous strategies but, nevertheless, they can present diverse difficulties derived from their adaptation to the effective legality, or have som problems putting them into practice